Este miércoles se ha escrito un nuevo capítulo en los tira y afloja que mantienen Xunta y Gobierno central por el vertido de pélets plásticos en las playas gallegas, después de que este miércoles la vicepresidenta segunda del Ejecutivo autonómico, Ángeles Vázquez, anunciase que acudirán a la justicia para que el Estado reclame a la armadora del Toconao los 2,3 millones de euros que costaron las labores de limpieza a las arcas autonómicas.