Ayuso declara la guerra judicial a Sánchez: Pedirá al Constitucional la suspensión cautelar del ‘impuesto a los ricos’
- el año pasado
Isabel Díaz Ayuso declara la guerra judicial a Pedro Sánchez.
La presidenta de la Comunidad de Madrid anunció que solicitará al Tribunal Constitucional (TC) la suspensión cautelar del conocido como ‘impuesto a los ricos’ de Pedro Sánchez antes de que acabe este mes de enero.
Ayuso se suma así a la Junta de Andalucía, que hizo lo propio a finales de año, para combatir la medida del Ejecutivo socialista en los tribunales por una presunta invasión de las competencias autonómicas y por violar el principio de igualdad entre los españoles.
El recurso, ha declarado la dirigente, se presenta en "defensa de la economía española y madrileña frente a las imposiciones ideológicas" de Sánchez.
El Gobierno de la Comunidad de Madrid sostiene que el impuesto de solidaridad impulsado por la ministra María Jesús Montero vulnera la Constitución Española al menos en seis aspectos. El más importante, ha detallado Isabel Díaz Ayuso, es la invasión de las competencias propias en materia tributaria. El recurso se apoyará en la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, que reconoce a los territorios la potestad de gestionar los impuestos transferidos por el Estado. En este caso se refieren al de Patrimonio, bonificado al 100% en Madrid desde hace quince años.
El anuncio se produce apenas dos semanas después de que Juanma Moreno diera el primer paso. Los argumentos del PP en la Junta de Andalucía y en la Comunidad de Madrid son prácticamente calcados: denuncian que el tributo de Sánchez es una especie de impuesto de Patrimonio bis. La pretensión de ambos ejecutivos, que ultiman la redacción de su escrito, es que no se aplique el gravamen hasta que se pronuncie el tribunal de garantías.
A través de sus redes sociales, Ayuso dejaba claro que “vamos a recurrir en los tribunales el nuevo impuesto de Patrimonio, porque ahuyenta la inversión, es injusto e inconstitucional. Pero la Justicia volverá a darnos la razón”.
A lo que agregó: “Los madrileños y todos los que inviertan en Madrid, tengan el patrimonio que tengan, pueden estar seguros”.
La presidenta de la Comunidad de Madrid anunció que solicitará al Tribunal Constitucional (TC) la suspensión cautelar del conocido como ‘impuesto a los ricos’ de Pedro Sánchez antes de que acabe este mes de enero.
Ayuso se suma así a la Junta de Andalucía, que hizo lo propio a finales de año, para combatir la medida del Ejecutivo socialista en los tribunales por una presunta invasión de las competencias autonómicas y por violar el principio de igualdad entre los españoles.
El recurso, ha declarado la dirigente, se presenta en "defensa de la economía española y madrileña frente a las imposiciones ideológicas" de Sánchez.
El Gobierno de la Comunidad de Madrid sostiene que el impuesto de solidaridad impulsado por la ministra María Jesús Montero vulnera la Constitución Española al menos en seis aspectos. El más importante, ha detallado Isabel Díaz Ayuso, es la invasión de las competencias propias en materia tributaria. El recurso se apoyará en la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, que reconoce a los territorios la potestad de gestionar los impuestos transferidos por el Estado. En este caso se refieren al de Patrimonio, bonificado al 100% en Madrid desde hace quince años.
El anuncio se produce apenas dos semanas después de que Juanma Moreno diera el primer paso. Los argumentos del PP en la Junta de Andalucía y en la Comunidad de Madrid son prácticamente calcados: denuncian que el tributo de Sánchez es una especie de impuesto de Patrimonio bis. La pretensión de ambos ejecutivos, que ultiman la redacción de su escrito, es que no se aplique el gravamen hasta que se pronuncie el tribunal de garantías.
A través de sus redes sociales, Ayuso dejaba claro que “vamos a recurrir en los tribunales el nuevo impuesto de Patrimonio, porque ahuyenta la inversión, es injusto e inconstitucional. Pero la Justicia volverá a darnos la razón”.
A lo que agregó: “Los madrileños y todos los que inviertan en Madrid, tengan el patrimonio que tengan, pueden estar seguros”.