En España hay casi medio millón más de personas que perciben alguna prestación o nómina del estado que los que perciben un salario del sector privado. El coste de esas transferencias suponen más de 300.000 millones de euros y parece claro que plantean un enorme desafío para las cuentas públicas, más si como parece inminente Europa vuelve a la disciplina fiscal y nosotros seguimos sin hacer los deberes