La ministra de Hacienda defiende la cohesión y fuerza del Gobierno durante cuatro años
- hace 4 años
Rota (Cádiz), 12 ago.- La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha defendido hoy la "cohesión" y "fuerza" del Ejecutivo de PSOE y Unidas Podemos, frente a las críticas de la oposición por la imputación de Podemos, el partido liderado por Pablo Iglesias, en una supuesta financiación ilegal.
A preguntas de los periodistas en una visita al Ayuntamiento de Rota (Cádiz), la ministra ha evitado referirse a la causa judicial, sobre la que ha dicho "hay poco que añadir", pero sí ha asegurado que el Gobierno "tiene por delante cuatro años, que esperemos poder utilizar, para dar el impulso económico que España necesita".
Cuestionada por si la imputación a Podemos puede debilitar o fracturar el actual Ejecutivo, la ministra ha respondido que "este es un gobierno fuerte y cohesionado, que va a contar con muchos recursos europeos que habrá que gestionar".
Por este motivo, ha defendido la necesidad de aprobar unos presupuestos que puedan ayudar a sacar adelante todos estos proyectos, ayudar a los ayuntamientos y mejorar la situación económica en plena pandemia.
Montero, ha tildado de "histórico" el acuerdo de la FEMP con el Gobierno por el que se distribuirán 5.000 millones entre los ayuntamientos que hayan transferido al Estado sus remanentes, y ha atribuido a una "estrategia de desgaste" la reacción del PP.
Ha atribuido la campaña auspiciada por el PP contra dicho acuerdo a una "estrategia de desgaste que perjudica el municipalismo".
Ha subrayado que "ésta es la primera vez que el Gobierno pone una solución sobre la mesa para el uso de remanentes, que está limitado constitucionalmente y por la ley orgánica de estabilidad".
"Los ayuntamientos no puede incurrir en déficit y lo que hemos hecho es plantearles que no estén sujetos a la regla de gasto y la posibilidad de recibir 5.400 millones de euros en dos años, a cambio de ceder esos remanentes al Estado con préstamos de diez años o superiores", ha recordado.
La ministra ha insistido es que esta medida de cesión de remanentes es "voluntaria", con lo que no entiende la oposición frontal de ayuntamientos gobernados por otros partidos distintos al PSOE, fundamentalmente del Partido Popular, que ha llegado a plantear movilizaciones por lo que considera "una confiscación del ahorro de los ayuntamientos".
"No puedo entender esas críticas cuando estamos consiguiendo evitar un límite institucional haciendo que el Gobierno se quede con el déficit de los ayuntamientos e inyectamos más de 5.000 millones para programas de ayuda a domicilio, o de agenda urbana de los ayuntamientos", ha recalcado Montero.
La ministra ha recordado que el Gobierno hace una "importante" apuesta inversora con esta medida y ha asegurado que no necesita esa financiación procedente de los ayuntamientos porque la deuda española está funcionando muy bien en los mercados.
Montero ha proclamado que el Gobierno ha dialogado sobre este plan, de ahí el acuerdo firmado con la Federación Española de Municipios y Pro
A preguntas de los periodistas en una visita al Ayuntamiento de Rota (Cádiz), la ministra ha evitado referirse a la causa judicial, sobre la que ha dicho "hay poco que añadir", pero sí ha asegurado que el Gobierno "tiene por delante cuatro años, que esperemos poder utilizar, para dar el impulso económico que España necesita".
Cuestionada por si la imputación a Podemos puede debilitar o fracturar el actual Ejecutivo, la ministra ha respondido que "este es un gobierno fuerte y cohesionado, que va a contar con muchos recursos europeos que habrá que gestionar".
Por este motivo, ha defendido la necesidad de aprobar unos presupuestos que puedan ayudar a sacar adelante todos estos proyectos, ayudar a los ayuntamientos y mejorar la situación económica en plena pandemia.
Montero, ha tildado de "histórico" el acuerdo de la FEMP con el Gobierno por el que se distribuirán 5.000 millones entre los ayuntamientos que hayan transferido al Estado sus remanentes, y ha atribuido a una "estrategia de desgaste" la reacción del PP.
Ha atribuido la campaña auspiciada por el PP contra dicho acuerdo a una "estrategia de desgaste que perjudica el municipalismo".
Ha subrayado que "ésta es la primera vez que el Gobierno pone una solución sobre la mesa para el uso de remanentes, que está limitado constitucionalmente y por la ley orgánica de estabilidad".
"Los ayuntamientos no puede incurrir en déficit y lo que hemos hecho es plantearles que no estén sujetos a la regla de gasto y la posibilidad de recibir 5.400 millones de euros en dos años, a cambio de ceder esos remanentes al Estado con préstamos de diez años o superiores", ha recordado.
La ministra ha insistido es que esta medida de cesión de remanentes es "voluntaria", con lo que no entiende la oposición frontal de ayuntamientos gobernados por otros partidos distintos al PSOE, fundamentalmente del Partido Popular, que ha llegado a plantear movilizaciones por lo que considera "una confiscación del ahorro de los ayuntamientos".
"No puedo entender esas críticas cuando estamos consiguiendo evitar un límite institucional haciendo que el Gobierno se quede con el déficit de los ayuntamientos e inyectamos más de 5.000 millones para programas de ayuda a domicilio, o de agenda urbana de los ayuntamientos", ha recalcado Montero.
La ministra ha recordado que el Gobierno hace una "importante" apuesta inversora con esta medida y ha asegurado que no necesita esa financiación procedente de los ayuntamientos porque la deuda española está funcionando muy bien en los mercados.
Montero ha proclamado que el Gobierno ha dialogado sobre este plan, de ahí el acuerdo firmado con la Federación Española de Municipios y Pro