El Gobierno, convencido de que no hay forma legal de impedir que los restos del dictador Francisco Franco acaben en la Catedral de La Almudena, se excusa asegurando que su labor era la exhumación, no la inhumación. La Iglesia no se opone y tampoco lo impedirá, a pesar de que hay muchas voces internas discordantes que creen que meter a Franco en La Almudena supondría exaltar valores contrarios a la moralidad cristiana. Voces que, además, se acogen al Derecho Canónico, cuya reforma, previa a la adquisición de la cripta por parte de los Franco, impediría el enterramiento. Con todo la vicepresidenta Carmen Calvo tiene una cita con el Vaticano a finales de mes. Una cita en la que, aseguran, se van a tratar otros asuntos. Sin embargo, esta cita podría ser en realidad una contraprestación en la que asuntos como una escuela pública laica o la prometida autofinanciación de la Iglesia podrían quedar de nuevo aparcados, esta vez a cuenta de Franco.
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