Fue el 30 de abril de 2008 cuando el cadáver de Lucía Garrido, con golpes y un corte en el cuello, se encontró flotando en la piscina de la finca donde vivía con su exmarido, Manuel Alonso, y la hija de ambos de 12 años. El tenía coartada, pero el crimen destapó sus supuestos negocios con la droga y la conexión con la corrupción de mandos de la Guardia Civil y la muerte a tiros de dos colombianos, meses después en la misma finca de Alhaurín de la Torre (Málaga). La investigación de Asuntos Internos de la Benemérita dió un giro al caso, que volvió a abrirse después de su informe: relacionaba el asesinato con la participación, no solo supuestamente del exmarido, sino de uno o varios agentes y un sicario, el autor material de la muerte. La lucha de Rosa, hermana de Lucía, y la colaboración de la Asociación Unificada de la Guardia Civil han logrado que, 11 años después del asesinato, esos cuatro hombres se sienten el 18 de septiembre en el banquillo de los acusados, ante un jurado popular, acusados de idear, planificar y ejecutar la muerte de Lucía.
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