El Ejecutivo central intenta parar a contra reloj la llegada de las urnas en Cataluña, las urnas en las cuales se votaría la consulta independentista. La Fiscalía ya ha interpuesto querellas, que han sido admitidas a trámite. Carles Puigdemont, el presidente de la Generalitat y su ejecutivo serán investigados por tres delitos: desobediencia, prevaricación y malversación de fondos públicos. Este último es el que tiene consecuencias mayores, porque podrían enfrentarse hasta a ocho años de prisión. Desde el ejecutivo central advierte el ministro de Justicia, Rafael Catalá, que dice que la justicia trabajará de forma independiente. Y aunque la consulta aún no se haya llevado a cabo, para la Físcalia su ejecución ya ha comenzado porque ya está generando un importante gasto público con fines ilegales. A la querella de Carles Puigdemont y el resto de miembros del Govern se suma la de la presidenta del Parlament Carme Forcadell y los cuatro miembros de la Mesa por permitir tramitar la votación. La Fiscalía en total implica en la obligación de obedecer la ley a cerca de 1000 personas entre las cuales están los Mossos d'Esquadra. A ellos les piden que denuncien e investiguen a cualquiera que pudiera estar cometiendo hechos ilícitos a favor del referéndum. Como medidas cautelares piden que se requisen urnas, sobres y papeletas y solicitan el cierre de las páginas web que están impulsando la votación del 1 de octubre.
-Redacción-