La portavoz del Consejo General del Poder Judicial, Gabriela Bravo, ha explicado las objeciones del órgano de gobierno de los jueces con algunos aspectos de la reforma del Código Penal propuesta por el ministro Gallardón. Según el informe, la prisión permanente revisable en los términos actuales supone "una auténtica pena de prisión a perpetuidad" que no consideran compatible con una legislación regida por "los principios de legalidad y seguridad jurídica". En su opinión, "la falta de definición de la prisión permanente revisable podría vulnerar el mandato constitucional de seguridad jurídica que establece el artículo 25.1", ha añadido. Sobre la custodia de seguridad, el informe apunta que "la selección de los delitos carece de coherencia sistemática y puede incurrir en arbitrariedad".