Los socialistas, que son acusación particular en el caso de los ERE, ponen ahora trabas a la juez Mercedes Alaya por su último auto y lo han recurrido. Alaya dio, según el auto, un "salto cualitativo en el caso". Imputó a 20 cargos y exaltos cargos de la Junta, entre ellos a la exministra Magdalena Álvarez. Era ella quien dictaba las normas, según ese mismo auto. Una semana después, basándose en una normativa, la Junta anunció pagar la defensa de los imputados. El PP andaluz ya ha anunciado que presentará "inmediatamente" una petición a la juez para que aparte a los socialistas del caso, ya que "no se puede ser defensa y acusación" a la vez.