Cuando el Presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, presentó sus primeros presupuestos en 2012 no se imaginaba que sus medidas estrella se iban a dar bruces con los tribunales. El euro por receta, el copago, paralizado en el Tribunal Constitucional. Y ahora su intención de privatizar la gestión de seis hospitales suspendida cautelarmente por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. El juez no ve claro que a última hora se recortaran en un  90% los avales pedidos a las empresas y asegura que el supuesto ahorro del 20% no está justificado. Para Patricia Alonso, miembro de la junta directiva y portavoz de AFEM, la asociación médica que ha provocado el auto, considera que la privatización lejos de ahorrar costes aumentaría los gastos. Antes de eso un año de mareas blancas, encierros, cadenas humanas y denuncias. Nada menos que 14 causas contra el plan. El Gobierno de Madrid se queja de la sucesión de fallos judiciales contradictorios y recurrirá este último auto apelando a un error técnico, según anunció Javier Fernández-Lasquetty, el Consejero de Sanidad de Madrid. Adjudicadas pero todavía con los contratos sin firmar. Las empresas que esperaban entra en octubre ya han abandonado los despachos que ocupaban en los hospitales para organizarse. Para Gabriela rodriguez, personal sanitario del Hospital del Henares, estos gestores ya habían preparado un plan para reducir los salarios y aumentar el número pacientes por profesional médico. Ahora la privatización podría retrasarse hasta dos años y coincidir con las próximas elecciones autonómicas.