A última hora partían de la Audiencia Nacional en un furgón camino de la cárcel cinco de los nueve detenidos: los políticos. Los otros cuatro, los empresarios, libertad con fianzas de 100.000 euros, como a Manuel Carrillo, o de 500.000 euros para los constructores Lluís Casamitjana y Josep Singla. Cantidades que serían imposibles de abonar para la inmensa mayoría de los votantes. A los dos ex altos cargos de la Generalitat y Convergencia Democrática de Cataluña de la época de Jordi Pujol se les acusa de asociación ilícita, blanqueo de capitales y tráfico de influencias. Según el auto de Baltasar Garzón, Macià Alavedra cobró por sus "servicios" facilitando proyectos, como poco, más de 900.000 euros. Lluis Prenafeta, como poco, más de 600.000, al margen de otro millón y medio que, al parecer, se repartieron y lo que pueda seguir saliendo de lo que queda por investigar.Los tres socialistas, por su parte, también dejarán de serlo el lunes.