En la capitalina ciudad de Guatemala los asesinatos en contra de choferes de autobuses del transporte público y de taxi han llegado a cifras nunca antes vistas.

Las represalias obedecen a la resistencia a pagar la extorsión que les imponen las pandillas. En las primeras dos semanas de febrero todos los días se registraron ataques contra choferes del transporte público, el vicepresidente de la República calificó las acciones como una conspiración para desestabilizar el país, los taxistas realizaron varias manifestaciones en repudio y exigieron a las autoridades que se esclarecieran los hechos mientras los más de 20 mil choferes de taxis rotativos y estacionarios que salen todos los días a trabajar viven con la muerte muy cerca.

El director de la Policía Nacional Civil ha reconocido que los ataques han aumentado en los primeros dos meses del año y que la violencia se debe a una curva normal tomando en cuenta las fechas. De acuerdo a la gremial de taxistas los ataques son ordenados desde dentro de las cárceles por líderes de las pandillas 13 y Salvatrucha quienes son los que regularmente cobran las extorsiones, las autoridades también lo confirman.

Una llamada telefónica de uno de los pandilleros a un grupo de taxistas demuestra las presiones de las que son objeto los choferes.

Las extorsiones van desde los 200 dólares hasta mil que se le pueden cobrar a un grupo de taxistas por mes, la Policía Nacional Civil ya realizó algunas capturas entre ellas de menores de edad relacionados con los ataques mientras los operativos continúan en las zonas rojas de la ciudad.

Las extorsiones se remontan a por lo menos una década como modalidad adoptada por pequeños grupos dedicados al crimen organizado, sin embargo en los últimos años se ha proliferado significativamente.

Cientos de familias se visten de negro todos los años por el luto que les envuelve, madres, hermanas hijos y amigos reclaman justicia a las autoridades quienes no han podido frenar un lastre que al parecer no tiene fin.

Pero el mayor perdedor en este pulso entre el crimen organizado y las fuerzas del orden es precisamente este último que deja en entredicho su capacidad de respuesta.

Derivado de esta ola de asesinatos el Ministerio de Gobernación decidió trasladar a los líderes de las pandillas en cárceles donde ellos tienen el control, a partir de los movimientos uno de los líderes amenazó al director de presidios.

En presidios se han incautado listas con nombres de empresarios del transporte público y choferes que son blancos de ataques sino no pagan a los pandilleros.

Según estudios de inteligencia policial se ha descubierto que entre los mismos dueños de transportes, choferes de autobuses o taxi también libran una guerra en la que se extorsionan y asesinan entre sí para mantener la hegemonía de negocio.