200.000 rumanos han tomado las calles este miércoles por la noche para pedir la dimisión del Ejecutivo de Bucarest. La aprobación de un decreto que despenaliza algunos casos de corrupción ha provocado las mayores protestas en el país desde la caída del comunismo en 1989.

La tensión política y social se ha cobrado la dimisión esta misma mañana del ministro de Comercio y Empresas, Florin Jianu, quien aseguraba en las redes que no quiere “que su hijo piense un día que era un cobarde”.
El decreto ley del Gobierno del primer ministro socialdemócrata, Sorin Grindeanu, quien asumió el cargo a principios de mes, alza el umbral de pérdidas económicas causadas para que se procese por la vía penal la corrupción, beneficiando entre otras figuras políticas al propio líder del partido en el Gobierno.

La oposición de centroderecha ha anunciado que presentará una moción de censura y el presidente del país báltico, Klaus Iohannis, ha pedido la intervención del Tribunal Constitucional, mientras en la capital las cargas policiales ponían fin a las manifestaciones.